La proliferación de demandas legales por sumas varias veces millonarias contra frigoríficos argentinos responsabilizándolos por el aumento de las enfermedades cardiovasculares, a la compañías petroleras venezolanas por el sobrecalentamiento global, a las cerveceras mexicanas por la proliferación del alcoholismo y a las manufactureras brasileñas de armas de fuego por los crímenes a mano armada, aparece como un panorama exageradamente alejado de la realidad jurídica internacional. Sin embargo, la brecha que separa la situación descripta del estado de cosas actual, tiende a minimizarse día a día.

En aquel país que antaño constituyera un verdadero ejemplo para todos, Estados Unidos, la new age intervencionista parece haber comenzado. A finales de un siglo caracterizado por la agonía de la arbitrariedad de los legisladores, los partidarios de un gobierno ilimitado parecen haber encontrado la manera de intervenir la economía por medio de un recurso sumamente innovador: la litigación, que convierte a los jurados en auténticos legisladores. Quizás el caso de mayor difusión en los medios es la guerra declarada contra las compañías tabacaleras.

Ha sido puntualmente el gobierno federal americano quien ha tirado la primera piedra por medio de su Departamento de Justicia, en demandas que sin incluir las iniciadas por los particulares, totalizan unos trescientos setenta mil millones de dólares. Y allá va el estado de Goias en Brasil, presto a seguir sus pasos con la demanda presentada hace pocos días en el estado americano de Florida por el monto de diez mil millones de dólares.

Parece ser que el gobierno americano se ha percatado que buena parte del gasto público en materia de salud esta destinada a atender las enfermedades producidas por el consumo de productos tabacaleros. En suma, demanda a las productoras de tabaco, culpándolas de dicho "extraordinario" aumento del gasto fiscal. Pero, poco feliz ha sido el argumento utilizado por el gobierno americano. Las consideraciones económicas del caso, han demostrado que no sólo no aumenta el gasto a partir de la libre elección de los fumadores, sino que además en términos de balance fiscal, lo disminuye notablemente. Como puede esto ser posible?

En primer lugar, debemos tener en cuenta que el precio final que un fumador ha de pagar por un paquete de cigarrillos en los Estados Unidos fluctúa entre tres y cinco dólares, precio que como mínimo incluye un 75% de impuestos federales. Esto lleva a que un fumador habitual pague en promedio, a largo de su vida, tres veces más impuestos que un no fumador. Pero esto no es todo. Gracias a las enfermedades cardíacas y demás que se producen en los consumidores, menor cantidad de personas alcanza la edad de retiro, con lo cual el gobierno federal se ahorra una notable cantidad de recursos en seguridad social. Esta última consideración ha llevado a ciertos analistas económicos a ironizar diciendo que el gobierno en todo caso debería subsidiar a las compañias tabacaleras en lugar de declararles la guerra.

Los particulares a su vez, alegan en sus demandas que las compañías tabacaleras han ocultado los riesgos potenciales vinculados al consumo de sus productos. Una rápida revisión histórica nos muestra que ya en el año 1604, el rey James I de Inglaterra en su A Counterblast to Tobacco, definia al consumo de tabaco como: "una costumbre desagradable a la vista, repugnante para el olfato, dañina para el cerebro y peligrosa para los pulmones...". En definitiva, ya por aquel tiempo la humanidad tenía la falsa creencia de que el consumo habitual de tabaco producía necesariamente cáncer. Esto parece indicar que a fines del siglo XX, resulta imposible ignorar los males que potencialmente acompaña el consumo habitual de dichos productos. Y esto, sin tener en cuenta la etiqueta que desde el año 1966 deben colocar los fabricantes americanos al paquete de sus productos y en la que claramente se enumeran los peligros del consumo habitual.

Algún perspicaz analista podría preguntarse qué ocurre con los daños causados a los terceros no fumadores por compartir ambientes con acérrimos fumadores. En este punto ha sido quizás donde más dificultades ha experimentado la administración federal americana. La Environmental Protection Agency (EPA) a mediados de 1998 protagonizó un escándalo de curiosamente poca difusión en los medios internacionales, cuando el juez de Carolina del Norte, William Osteen reveló a los medios de prensa que los estudios publicados por dicha agencia en 1993 acerca del peligro enfrentado por los llamados fumadores pasivos (y en los que se basaban gran parte de las restricciones federales de fumar en lugares públicos cerrados) se caracterizaban por tener un "pobre basamento científico", evidenciar que "no existe vinculo estadístico alguno entre el cáncer de pulmón y la permanencia de no fumadores junto a fumadores en lugares públicos cerrados". Dicho juez finalmente concluye: "la EPA ha modificado los procedimientos de manera que sus resultados coincidan con sus intenciones".

Así fue como se multiplicaron los despidos en las tabacaleras americanas, que han debido soportar un alud de medidas arbitrarias y poco respetuosas de la libertad de comerciar. Pocos días antes de la navidad de 1998, unos cuatro mil trabajadores de la empresa R.J. Reynold’s (un 16% del total) perdieron sus fuentes de trabajo de manera definitiva. Otros tantos miles lo harán este año.

Al frente de toda esta vorágine podemos identificar a dos grupos claramente definidos. En primer lugar tenemos a los políticos que rodean a la Administración Clinton al mando de lo que podría caratularse como una violación directa de la Constitución Americana, que veda directamente el tratamiento de estos temas al gobierno federal. En segundo lugar encontramos a los poderosos grupos de abogados vinculados a esta new age litigacional, con la intención de hacerse de una nada despreciable suma estimada en cuatrocientos millones de dólares al año.

Entonces la principal cuestión radica en que si toda esta infernal maquinaria litigacional prospera y los jurados deciden endilgar la responsabilidad del riesgo del consumo de determinados productos a las compañías manufactureras, la humanidad deberá enfrentarse con un nuevo problema. La jurisprudencia anti-tabaco ha comenzado a preocupar a quienes todavía apoyamos la libertad de comerciar. Con similares argumentos se ha decidido emprender el ataque contra los fabricantes de armas, los productores de alimentos de alto contenido graso, endulcorantes y cremas solares, por los peligros vinculados a su consumo. La era de la litigación ha comenzado y en palabras del propio vice-presidente de la Cámara de Comercio americana, Bruce Josten: "Creemos que este es un ataque directo a los accionistas de industrias que actúan bajo la ley y a los consumidores de productos legales, auspiciado por el gobierno federal. Este es en realidad un precedente muy peligroso, que podría afectar a muchas otras industrias respetuosas de la ley […]. Lo que hoy en día nos preguntamos es, quién será la próxima?...".

(c) Eneas Biglione - 2000

Publications:
El Cronista (Argentina)
Fundacion Atlas 1853 (Argentina)